LAICIDAD RELIGIOSA Y NO DISCRIMINACION

En años recientes, en México y en el mundo, se ha abierto un debate político, social e intelectual, acerca de cuál es el mejor régimen para alcanzar la igualdad y la no-discriminación entre las religiones y hacia las religiones. Algunos sostienen que un Estado que respete ilimitadamente y sin ningún tipo de restricciones la libertad religiosa es la mejor opción para el desarrollo de todas las opciones espirituales y confesionales. Otros, por el contrario, piensan que la mejor manera de garantizar no sólo la libertad religiosa, sino la igualdad entre todos los creyentes, es un Estado laico o secular, que regula los actos sociales que emanan de las creencias religiosas y no privilegia, aunque tampoco se opone a alguna religión. En este trabajo intentaremos mostrar cuáles son los condicionamientos, sobre todo de índole doctrinal, que pueden impedir la construcción de un verdadero Estado laico en nuestro país.

Ahora bien, en la doctrina tradicional centrada en la noción de sociedad perfecta, la libertad religiosa de los otros cultos es, en el mejor de los casos, relativa. La razón radica en el hecho de que, aún si el magisterio eclesial recuerda que nadie puede ser forzado a abrazar la fe católica en contra de su voluntad, para la doctrina pontificia el Estado de un país católico debe ofrecer las condiciones sociales para que los fieles puedan ser instruidos en la fe. Además, como el Estado es el garante de la moralidad pública, es su deber proteger a los ciudadanos, como afirmaría el primer esquema presentado en los trabajos del Concilio Vaticano II, "contra las seducciones del error, para conservar el Estado en la unidad de la fe". Nuevamente es Minnerath quien nos explica la lógica de este razonamiento:

¿Como debería actuar el Estado para preservar la unidad de la fe? Simplemente moderando las manifestaciones públicas de otros cultos, y defendiendo a los ciudadanos contra la difusión de las falsas doctrinas que, ‘a juicio de la Iglesia ponen en peligro la salvación eterna'. Por lo tanto, el Estado, no solamente debe positivamente profesar y favorecer el catolicismo, sino además impedir el libre desarrollo y la difusión de otros cultos.